Después de un año de moderación, los embargos hipotecarios han vuelto a repuntar en Canarias, un síntoma de la dureza con la que la crisis sigue golpeando a las familias isleñas. En el primer trimestre se quedaron sin casa por no poder hacer frente al pago de la hipoteca 1.297, una cifra que las asociaciones de consumidores ven elevada y que, además, es -aunque por muy poco- mayor que la registrada un año antes (1.293).
Este leve repunte interanual, del 0,3%, pone fin a cuatro descensos consecutivos. En el conjunto de 2010 hubo en las Islas 4.819 ejecuciones hipotecarias, un 13,2% menos que en 2009, cuando se alcanzó la cifra récord de 5.551. Esta, además, multiplica por cuatro la registrada en 2007.
Entre enero y marzo pasados, solo en otras cuatro autonomías hubo más desahucios que un año antes: Galicia (23,9%), Cantabria (8,3%), Aragón (1,5%) y Andalucía (1,4%). A nivel estatal se produjo una bajada interanual del 1,4%, hasta los 21.737, según el recuento de los juzgados.
Pese a que el embargo de la vivienda llega tras un largo proceso administrativo y es la última consecuencia de una complicada situación de la economía doméstica, el repunte del primer trimestre refleja que la crisis aún no da respiro a las familias del Archipiélago. Así lo considera la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), que calcula que el 40% de los hogares isleños tiene dificultades para pagar su hipoteca.
"A la vista de los datos, eso se está cumpliendo", afirma el delegado de Ausbanc en Canarias, Jerónimo Barrera, para quien la cifra de embargos "tuvo un aparente descenso" porque "la banca preparó su estrategia, que consistía en buscar más garantías para evitar las ejecuciones". Ello provoca que, ahora, los desahucios "se hagan a pares, pues se ejecuta también al avalista solidario, que acude al rescate del prestatario. La banca permitió estas reestructuraciones a sabiendas de que su cliente no podía salir de aquella situación", añade Barrera.
El aumento de las ejecuciones hipotecarias se concentra en la provincia de Las Palmas, que sumó en el primer trimestre 791, un 13% más que en igual periodo de 2010; en Santa Cruz de Tenerife bajaron un 14,7%, hasta las 506.
El secretario general de la Unión de Consumidores de España (UCE) en la provincia tinerfeña, Raúl Alonso, cree que el aumento autonómico "puede ser coyuntural", pero de todas formas trae consigo "una cifra muy alta" de ejecuciones de hipotecas. "El proceso de normalización de la crisis respecto a los impagos es dilatado, algo parecido a lo que ocurre con la generación de empleo", explica.
Alonso cree que las hipotecas generan hoy tanta dificultad "porque no se ajustaban al bien para el que se concedían. Eran superiores -permitían también amueblar la vivienda o comprar un coche, comenta-, y además las recibía incluso gente que estaba al límite. Se forzó muchísimo el dar la hipoteca sí o sí con garantías muy pequeñas, y ello limita ahora la capacidad del consumidor".
A su juicio, todavía puede haber por delante un número "importante" de ejecuciones, aunque la cifra dependerá de la recuperación económica y del empleo, indica.
ayudas
Las medidas, insuficientes
El Congreso aprobó el pasado jueves las ayudas a los hipotecados que se pactaron en el último debate del estado de la nación. Tanto Ausbanc como la UCE las consideran insuficientes y piden una revisión profunda del sistema hipotecario español.
El apoyo a las familias con dificultades para pagar la cuota de su hipoteca se traduce en que se eleva la parte del sueldo blindada ante el embargo, desde 700 a 960 euros, y en que, para limitar abusos en las subastas, el valor mínimo para la adjudicación del inmueble pasa del 50% al 60% del precio de tasación. Con esto último se disminuye la cantidad que aún debe pagar el deudor (pasa, como máximo, al 40%) aunque haya perdido su bien.
"Es ridículo", señala Jerónimo Barrera respecto a la segunda de las medidas, y recuerda que Ausbanc propone que la subasta responda al 90% del dinero que el banco reclama, "es decir, de la deuda vigente". A su juicio, con el nuevo decreto-ley "no se solventa el problema porque la gente sigue endeudada y de patitas en la calle". El delegado de Ausbanc en las Islas aboga por modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para revisar el sistema de subastas.
Para Raúl Alonso, las medidas "son necesarias", pero también pide que "se replantee todo el sistema hipotecario". En concreto, reclama que no se descarte la dación en pago. "No tiene mucha razón que puedas perder el bien y, encima, tengas que seguir pagando un dinero superior incluso a lo que el bien cuesta en estos momentos. Es injusto y hay que buscar, con las limitaciones necesarias -para evitar más restricciones del crédito-, una fórmula para evitarlo", argumenta el representante de la UCE.
Fuente foto:aavvmadrid.org
http://www.eldia.es
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